Un silencio atronador

Quino

La nación fantasma

Ocurre con frecuencia que observamos la existencia de naciones vivas con gobiernos fantasma; en España sucede lo contrario, tenemos un gobierno hiperactivo ante el que no existe una respuesta, una alternativa o siquiera una educada protesta. Ante la más grave amputación de nuestras libertades, ante unos pastores enloquecidos y ensoberbecidos, se ha impuesto el silencio de los corderos, que es el más ruidoso de los silencios, el silencio de una sociedad amedrentada o indiferente, de unos medios cómplices, de unas instituciones caducas... Ya no somos los actores de nuestra propia vida política, nos han dejado fuera de la función, no contamos, ni siquiera como público del gallinero... Nuestro silencio es el eco mudo de la muerte de las instituciones que pueden y deben amparar nuestras libertades: ¿dónde está el Rey? ¿Qué hacen los tribunales? Podemos añadir, ¿qué alternativa ha articulado la oposición a lo que nos gobierna? ¿Cómo es que los medios no destacan la ilegalidad bajo la que vivimos? España es una gran nación, una sociedad viva, pero una comunidad política muerta.

Medidas ilegales

Jairo Vargas (Público)

Cualquiera que, no digo que sepa derecho, sino que sepa leer, y entienda que existe una jerarquía normativa, puede comprobar por sí mismo repasando los artículos 19 y 55 de la Constitución la total ilegalidad de las medidas que se acaban de adoptar limitando el derecho de millones de madrileños a la libre circulación por el conjunto del territorio nacional. Algo que se suma a la ilegalidad del confinamiento general de marzo-junio que exigía la declaración del estado de excepción, y no el de alarma.

Ana García (Voz de Galicia)

 La humillación de las fuerzas del orden

 Esas medidas ilegales se traducen en coerción policial, aplicando un inicuo régimen de sanciones. Y siento una pena inmensa por los miembros de las fuerzas de seguridad, por los policías y guardias civiles a los que se obliga a aplicar normas ilegales. Cuando has dedicado toda tu vida a hacer cumplir la ley, a ponerte a la orden de los jueces, la mayor humillación que pueden hacerte es convertirte en agente de la opresión. Hoy nos multan, contra todo derecho; ¿qué harán mañana nuestros policías y guardias civiles cuando les ordenen disparar contra el pueblo, contra su propia gente? Porque la tiranía tiene muchos grados, y empieza cuando los gobiernos se saltan las leyes que han jurado cumplir; hoy nos atemorizan con multas, mañana, quizá, será a balazo limpio o a golpe de morteros. Vamos de cabeza a un régimen antidemocrático. Y al contrario de aquel personaje de George Lucas, podremos afirmar "así muere la libertad, con un atronador silencio".

Teoría del golpe de estado judicial

No se sabe muy bien qué es y en qué consiste un golpe de Estado.
Para el diccionario de la RAE, se trata de una "Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes". Esa definición estaría más en la línea de lo que alemán llaman putsh y en español alzamiento. Esa forma de enfocar la cuestión viene avalada por el Código Penal, que sólo castiga, en el ámbito de la rebelión o la subversión, los comportamientos violentos.
Se pueden considerar, obviamente, otro tipo de atentados contra el orden constitucional. Por ejemplo un golpe de estado judicial, una sentencia deliberadamente injusta que, por ejemplo, llegara a modificar el orden de sucesión en la Corona.

Los hechos
El Tribunal Supremo ha rechazado la demanda de paternidad de don Alberto Solá y  aceptado en cambio la de su supuesta hermanastra, doña Ingrid Sartiau. Ya abordé hace quince años el problema de los derechos sobre la corona de los hijos naturales de los monarcas, y no repetiré lo dicho en este mismo blog el 24 de junio pasado.

Supongamos que ambos demandantes son hijos de don Juan Carlos. En el primer caso, se trataría del hijo mayor del pasado Rey; y por lo tanto, con la Constitución en la mano, de su legítimo sucesor como hermanastro mayor de don Felipe, dando pie a una crisis constitucional de mil pares de bigotes. En el segundo caso, el reconocimiento de la paternidad de don Juan Carlos tendría consecuencias privadas para la Familia Real, pero no tendría otro efecto constitucional que sentar un nuevo precedente de nuestra descuajeringación institucional.

Una lectura más allá de lo judicial

Uno, que es avieso, llega a pensar: "¿habrá el Tribunal Supremo considerado estas cuestiones políticas antes de abordar los asuntos planteados? En un tema de la gravedad que nos ocupa, ¿de verdad puede rechazarse un asunto por "defectos de forma"? ¿Se trata sólo de ganar tiempo para permitir a los legisladores alcanzar algún acuerdo sobre el tema constitucional?"

Me encantaría que ni el Sr. Solá ni su supuesta hermanastra sean hijos de don Juan Carlos, porque bastantes problemas tiene ya España con la amenaza separatista y la perspectiva de una llegada al poder de Podemos, como para añadir nuevos lastres a nuestra posible y deseada recuperación.
En cualquier caso, en el irreal supuesto de que los magistrados del Supremo hubieran llegado a pensar que con su decisión estaban salvando el trono de don Felipe, estaríamos ante una nueva modalidad de golpe de estado, un golpe judicial realizado por la cúpula de nuestros tribunales con el fin de vulnerar la legitimidad institucional establecida por la Constitución, pasándose por las narices las normas legales que precisan el mecanismo de sucesión en la jefatura del Estado. Pero eso ni queremos ni lo podemos considerar.